En este artículo analizo
- Por qué la Consulta Vinculante V2329-24 no puede interpretarse de forma estricta y qué error de razonamiento conlleva hacerlo.
- Cuándo la Administración y los tribunales consideran que el requisito del empleado se cumple de forma artificiosa.
- Qué tipo de contrato de trabajo exige la norma para acreditar actividad económica en arrendamiento de inmuebles.
- Cómo opera el requisito en grupos de sociedades y en qué condiciones puede cumplirlo una entidad distinta.
- Las posibilidades reales de la externalización y subcontratación de medios según la DGT y la jurisprudencia más reciente.
Índice de contenidos
- Rigor y rencor: dos lecturas de la misma norma
- La Consulta V2329-24 y sus límites interpretativos
- Aplicación artificiosa del requisito del empleado
- El tipo de contrato de trabajo exigido
- Grupos de sociedades: el empleado en otra entidad
- Actividad de promoción inmobiliaria y posterior arrendamiento
- Externalización y subcontratación de medios
En este artículo analizo uno de los debates más persistentes en la práctica fiscal española: cuándo el arrendamiento de inmuebles constituye actividad económica a efectos del Impuesto sobre Sociedades. La norma establece un requisito formal —al menos un empleado con contrato laboral a jornada completa— pero su aplicación ha generado una jurisprudencia compleja que no puede reducirse a una lectura mecánica de las Consultas Vinculantes de la Dirección General de Tributos. Para una visión complementaria del estado actual de este criterio, recomiendo también el análisis más reciente sobre el concepto de actividad económica en el alquiler de inmuebles.
Mi objetivo es ofrecer un glosario riguroso de criterios —desde las últimas consultas vinculantes hasta los recursos de casación admitidos por el Tribunal Supremo en 2023 y 2024— para que el asesor fiscal disponga de los argumentos necesarios al valorar la situación de cada cliente. La distinción entre el cumplimiento formal y el cumplimiento real del requisito es, en muchos casos, la diferencia entre la solidez jurídica y la exposición a una regularización.
El título del artículo no es casual. Rigor y rencor representan dos aproximaciones opuestas al problema: la primera construye argumentos sólidos sobre la realidad económica y la jurisprudencia; la segunda aplica la norma de forma descontextualizada. Mi posición, como siempre, es la primera.
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