En este artículo repaso:
- El enfrentamiento entre el TSJ de Cataluña y el TSJ de Madrid sobre el momento en que debe valorarse el requisito de grupo para aplicar el tipo reducido de entidades de nueva creación (art. 29 LIS).
- Por qué, en mi criterio, ninguno de los dos frentes interpreta correctamente el precepto (y qué dirá previsiblemente el Tribunal Supremo en el recurso de casación admitido).
- Los tres requisitos que exige la sentencia del Tribunal Supremo 167/2026 para que el arrendamiento de inmuebles dentro de un grupo se considere actividad económica.
- Un caso práctico completo (Grupo Piedra Natural LTD) que aplica esos requisitos a un supuesto real de reestructuración de arrendamientos.
- Mi propia propuesta de definición unificada de actividad económica en el arrendamiento de inmuebles, válida para IRPF, Patrimonio e ISD.
Índice
- Dos frentes por el tipo reducido de nueva creación
- Qué dice realmente el artículo 29 de la LIS
- Arrendamiento de inmuebles y actividad económica en grupos de coordinación
- La doctrina del Tribunal Supremo: sentencia 167/2026
- Caso práctico: Grupo Piedra Natural LTD
- La definición unificada de actividad económica en arrendamiento
En este análisis abordo dos cuestiones que, aunque parecen distintas, comparten el mismo problema de fondo: la falta de un criterio unificado sobre cuándo una sociedad merece un beneficio fiscal por su condición real, y no por una lectura literal y aislada de la norma. La primera es el enfrentamiento entre el TSJ de Cataluña y el TSJ de Madrid sobre el tipo reducido para entidades de nueva creación en el Impuesto sobre Sociedades. La segunda, que ocupa la mayor parte de mi análisis, es la cuestión de cuándo el arrendamiento de inmuebles dentro de un grupo de sociedades puede considerarse actividad económica a efectos del IRPF, del Impuesto sobre el Patrimonio y del ISD.
Mi objetivo es ofrecerle algo más que un resumen de sentencias: quiero mostrarle por qué, en mi criterio, ambos frentes del debate sobre entidades de nueva creación se equivocan, y cómo la reciente sentencia del Tribunal Supremo 167/2026 fija por fin tres requisitos claros para el arrendamiento de inmuebles en grupos. Para que la teoría no se quede en el papel, cierro el artículo con un caso práctico completo y con mi propia propuesta de definición unificada.
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